La ausencia de un gobierno con mayoría en ambas cámaras el Congreso de la Unión ha permitido el afianzamiento de un sistema pluralista en el control de su agenda legislativa. En la medida que cualquier decisión requiere la construcción de una coalición con los votos necesarios para lograr su aprobación en el pleno, el proceso político ha tendido a hacerse más abierto y accesible no sólo para la opinión pública en general, sino también para las agrupaciones sociales y las comunidades epistémicas vinculadas a los diversos asuntos de política pública legislados en sus cámaras. A ello se ha sumado el hecho apenas discutible de que la complejidad de los problemas actuales de México difícilmente deja otro camino a los tomadores de decisiones, ahora obligados a ampliar el círculo de la discusión relativa a las opciones más pertinentes y viables para alcanzar su solución. En este contexto, la participación de diversos grupos y actores sociales en la elaboración de la ley ha comenzado a adquirir un vigor poco conocido en el pasado. A este respecto, conviene recordar que el régimen "presidencialista", montado en el apoyo mayoritario de un partido hegemónico, sólo era asequible para las élites de apenas un reducido segmento de la sociedad. Léase, las cúpulas empresariales y sindicales, y quizás algunos especialistas bien dispuestos a avalar las políticas impulsadas desde la presidencia de la República. En contraposición a ese escenario, el presente se define tanto por la propia necesidad del propio ejecutivo federal de propiciar intervención de los servidores públicos en la elaboración de la ley, como por el surgimiento de un creciente número de cabilderos, analistas, expertos, centros de pensamiento y grupos de interés de distinto corte empeñados orientar el rumbo de las políticas públicas. Desde esta visión, esta propuesta de investigación apunta a precisar qué efectos ha tenido esa transformación en construcción de la agenda del Congreso y en las leyes finalmente aprobadas por sus cámaras en las tres últimas Legislaturas. Por agenda del Congreso se entiende el conjunto de asuntos que logran conseguir la atención de los legisladores. Asume que su conformación constituye una parte fundamental del debate político en el país. Con esa idea en mente, se orienta a determinar qué actores o grupos sociales muestran mayor influencia en su construcción, cómo es la estructura del conflicto presente de ese proceso, y de qué manera ésta ha conseguido bloquear o impulsar la producción de cambios en políticas públicas relevantes para el país.

Hasta ahora buena parte de la literatura enfocada al estudio de los Congresos se ha centrado en la participación de los tomadores de decisiones en la elaboración de la ley. En ella subyace la idea de que en alguna medida ese proceso responde a la lógica del partido o coalición capaz de sumar una mayoría cuando los comicios no producen esta condición en forma natural. Apoyado en el diseño institucional de la legislatura, el liderazgo busca acceder al control de su agenda con dos propósitos. Uno, impulsar la aprobación de las piezas que respondan al interés colectivo de la organización; dos, evitar que aquellas iniciativas que puedan fracturar el voto de sus legisladores lleguen al pleno (Cox y McCubbins 1993, 2006). Bajo esa premisa, aunque el comportamiento de los legisladores pueda tener como uno de sus objetivos conseguir el apoyo del electorado o de otros actores con influencia política, para dar continuidad a su carrera deben disciplinarse a las posiciones definidas por la fórmula en la que militan. Ahora bien, a pesar de los avances logrados en la comprensión de las dinámicas político-institucionales presentes al interior del Congreso, poco se ha analizado hasta ahora cómo llegan a la arena parlamentaria los problemas considerados por sus miembros, y qué factores influyen en la definición de las soluciones finalmente adoptadas. Dicho de otra manera, de qué forma se establece la agenda de la legislatura. En contraste, las teorías enfocadas al estudio de las políticas públicas (policy sciences), han reflexionado sobre la importancia de ambientar los procesos sociales que delimitan lo que ocurre en la fase decisional a cargo de la legislatura, como sobre el tipo de políticas finalmente aprobadas en su seno. Desde esa visión, el propósito de este proyecto apunta a construir los puentes de conexión entre los aportes de ambas perspectivas de análisis, o si se quiere, asumir como punto de partida la inevitable interdependencia entre los distintos, y eventualmente opuestos objetivos e intereses presentes en el entorno social, el proceso político de decisión desarrollado en el Congreso. La idea es ir más allá de la superficie del poder organizacional e institucional a fin de conocer las formas en que la opinión pública y la sociedad organizada bajo distintas modalidades influyen en la elaboración de la ley. En esa lógica, esta investigación profundiza en el modo en que se ha transformado la definición de la agenda legislativa del Congreso Mexicano en el plazo cubierto por la LX (2006-2009), LXI (2009-2012) y LXII Legislaturas (2012). Concentra su esfuerzo en precisar los nuevos mecanismos de mediación y participación social en la formulación de las leyes. Sostiene que comprender la complejidad de los factores que determinan el cambio o la permanencia de las políticas públicas cimentadas en éstas puede ayudar a comprender la multiplicidad y conflictividad de los intereses activados durante el proceso legislativo. De igual modo, considera que ese esfuerzo puede impulsar la participación organizada de la sociedad a fin de tratar de ampliar el círculo de los beneficiarios de la ley y, con ello, mejorar la calidad de la democracia mexicana. Para terminar, conviene destacar que las bases de datos que el proyecto pretende elaborar pueden ser el inicio de un esfuerzo de más largo aliento para la recopilación de importante información sobre los factores de orden social y político con mayor influencia en la elaboración de las políticas públicas del país. En esta idea, proporcionarían una guía de referencia a la investigación empírica sobre la forma en que el diseño prevaleciente en cada campo de política pública fue determinado en su paso por el Congreso federal y de cómo ha sido su comportamiento en el mediano y largo plazo. No está de más decir tampoco que en el corto plazo éstas podrán ser de gran utilidad para impulsar esta línea de conocimiento al facilitar la producción de trabajos tanto de profesores e investigadores, como de tesis de licenciatura y posgrado.