Este proyecto examina el impacto de la inversión extranjera directa, como una de las componentes clave en el proceso de reprimarización económica de América Latina, en aquellos países que se distinguen por la riqueza de sus recursos naturales, en especial los vinculados con el sector extractivo. De acuerdo con datos proporcionados por la CEPAL, la región de América Latina y el Caribe captó en el año 2012, un monto récord de inversión extranjera directa que asciende a 173.361 millones de dólares (6,7% más que en 2011). Este nuevo récord encuentra su explicación en el sostenido crecimiento económico de la región, así como en los altos precios de las materias primas y la elevada rentabilidad de las inversiones asociadas a la explotación de recursos naturales. El proyecto analiza dicho impacto siguiendo al menos tres líneas de investigación. La primera examina la incidencia de los Acuerdos Bilaterales de Protección a la IED y de aquellos TLC que contienen un capítulo sobre protección a la IED, desde la perspectiva de las demandas formuladas por las empresas trasnacionales en contra de los gobiernos receptores de capital. No se trata de analizar todos los conflictos, sino únicamente aquellos vinculadas con la explotación de los recursos naturales. Estas demandas son presentadas ante los mecanismos de solución de disputa extraterritorial, ideados específicamente para resolver aquellos conflictos vinculados con las operaciones de la IED. En esta línea, prevalece un análisis puntual sobre los conflictos entre gobiernos y empresas en materia de inversión, desde la perspectiva de las instituciones internacionales, de los gobiernos de los países desarrollados, pero sobre todo de las empresas transnacionales. Tomando en cuenta que la mayoría de la IED en el sector extractivo corresponde a las empresas canadienses, nos proponemos estudiar el comportamiento de estas compañías, el tipo de operaciones que desarrollan, y su forma de resolver los conflictos con las comunidades. Asimismo nos proponemos llevar a cabo un análisis comparativo sobre su comportamiento en varios de los países latinoamericanos en que tienen presencia. La segunda línea de análisis, examina la experiencia de los gobiernos latinoamericanos, en los tres niveles de gobierno, en relación con las demandas de que son objeto por incumplimiento de sus obligaciones en un BITs o un TLC. Aquí la investigación busca explorar los mecanismos alternativos para solucionar dichos conflictos. Para ello, se hace un repaso de las estrategias implementadas de manera nacional o multilateral por los gobiernos para enfrentar la conflictividad en el sector extractivo. La tercera línea de investigación se avoca a analizar desde la perspectiva de las comunidades locales afectadas los principales motivos de disputa entre la empresa y el gobierno. Queremos tipificar el conflicto, ya que existe evidencia de que los son principalmente, pero no exclusivamente, de carácter socioambiental. Estamos conscientes de que en estas cuatro líneas de trabajo pueden darse variaciones muy importantes en torno al conflicto empresa-gobierno y comunidad-gobierno-empresa por lo que nos interesa destacar los matices de las diversas respuestas y construir un hilo conductor que dé medianamente respuesta al hecho de que de manera creciente se profundiza el conflicto entre empresas, gobiernos y comunidades en torno a la inversión en recursos naturales.

El proyecto tiene como principal virtud reunir tres temáticas de particular importancia, que se desprenden de disciplinas teóricas muy distintas: la economía política internacional, el derecho internacional y la sociología ambiental. Aparentemente, éstas no tienen mayor vinculación y en general no son objeto de un análisis que busque demostrar su interconexión y las consecuencias tangibles de esta interrelación. Existe una amplia bibliografía, resultado de grandes investigaciones sobre los Acuerdos Bilaterales de Protección a la Inversión Extranjera, así como sobre los capítulos sobre inversión en los tratados de libre comercio, negociados desde 1994 en América Latina, que generalmente ha sido el resultado de un análisis que de manera predominante recae en el ámbito del derecho económico internacional. Una situación similar se da en el área de análisis de los conflictos de carácter socio ambiental, los cuales son principalmente el objeto de estudio de la Ciencia Política y la Sociología, aunque no exclusivamente. En este proyecto se analiza en primer término, el impacto de la IED en el área de los recursos naturales, pero no desde una perspectiva macroeconómica, sino a partir de un enfoque multidisciplinario en el que se utilizan simultáneamente las herramientas de la economía política, la geografía espacial y la sociología del medio ambiente. Sin duda uno de los aspectos más novedosos de nuestro análisis consiste en utilizar el conflicto socio ambiental y las reivindicaciones de las comunidades locales en lo tocante a las operaciones de la IED, como un sujeto del arbitraje internacional. Tradicionalmente el derecho económico internacional, en materia de arbitraje, considera a los conflictos sobre inversión exclusivamente desde la perspectiva de las relaciones entre la empresa y los gobiernos, este proyecto plantea la necesidad de hacer un relectura del arbitraje internacional en materia de inversión. En este sentido, consideramos que las comunidades vinculadas a alguna forma de propiedad relacionada con los recursos naturales, es también un sujeto de primer orden a tomar en consideración cuando los gobiernos reciben una demanda proveniente de una empresa extranjera, en particular porque en la actualidad la mayoría de estas demandas se basan en el supuesto de que hubo un “acto equivalente a una expropiación” que en términos generales alude a los conflictos con las comunidades como una acción que atenta directamente sobre las operaciones de la empresa. Dentro de este tipo de situación, los gobiernos son generalmente acusados por las empresas por no proteger a la inversión ni garantizar un clima de certidumbre para sus operaciones. Mientras la mayoría de los mecanismos de arbitraje internacional se niegan a reconocer un tercer sujeto en los conflictos sobre inversión, existen otras instancias institucionales de carácter internacional que revaloran las reivindicaciones de las comunidades sobre su derecho a decidir sobre el uso y destino de los recursos pertenecientes a su comunidad, tal es el caso del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han emitido una serie de jurisprudencias que son obligatorias para los Estados. Entre ellas destaca la obligación de los gobiernos de consultar a las comunidades y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte su territorio. La obtención del consentimiento libre e informado de la comunidad es indispensable, sobre todo cuando una inversión afecta los recursos naturales de una comunidad. Un aspecto que consideramos particularmente novedoso es que utilizaremos las herramientas que nos proporciona la geografía espacial para elaborar mapas que nos permitan establecer la interconexión espacial entre la inversión en recursos naturales y los conflictos que eventualmente ocasiona dicha inversión. Asimismo resultará un aporte del proyecto la posibilidad de elaborar mapas que nos permitan trazar la conexión entre el tipo de actividad de una empresa y sus operaciones en México y determinados países de América latina, en especial la relacionada con el sector extractivo. Indudablemente los resultados de este proyecto contribuirán de manera directa sobre el debate que actualmente se lleva a cabo en México y en América Latina sobre aspectos políticos y económicos muy puntuales, entre los que podemos mencionar: el derecho a la autodeterminación de los gobiernos en lo referente a diseñar y aplicar políticas públicas sostenibles por encima de las prioridades de las empresas; reconsiderar el contenido de los acuerdos bilaterales de protección a la inversión extranjera y de los tratados de libre comercio con un capítulo sobre inversión que en la práctica han sido nocivos para los gobiernos y las comunidades; y replantear las funciones del arbitraje internacional desde la perspectiva de los intereses de las comunidades y su derecho a proteger sus recursos naturales.