La explicación del conjunto de factores que caracterizan los procesos de contaminación, desgaste, escasez e indisponibilidad de recursos naturales, bienes y servicios ambientales, su amplitud y alcances económicos, políticos y culturales, la comprensión de los mecanismos de causación de los agravios ecológicos provocados por el despliegue de prácticas económicas indiferentes al ambiente, así como el estudio de sus repercusiones legales y el análisis económico de la regulación jurídica de este escenario complejo para la gestión ambiental y el desempeñan de múltiples actores sociales, requieren que el investigador supere las aproximaciones conceptuales y metodológicas de carácter fragmentario y unilateral, para favorecer el compromiso epistemológico y ético con perspectivas críticas e integrales de análisis científico y con la realidad social que condiciona las propias formas de pensar y organizar los saberes. "Economía sustentable y regulación jurídica de la complejidad ambiental en México" es un proyecto de investigación que recurre a enfoques conceptuales sólidos y metodologías rigurosas útiles para captar y enfrentar la complejidad ambiental mexicana a través de la consolidación de una economía sustentable, incidir en la definición de las políticas públicas vinculadas con la gestión ambiental y la prevención y resolución de conflictos socioambientales e identificar las deficiencias de la normatividad vigente para introducir criterios pro personae de sustentabilidad, transparencia y participación con el propósito de mejorar la regulación jurídica de la gestión ambiental y colaborar en el cumplimiento de las obligaciones estatales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos ambientales y prevenir investigar, sancionar y reparar sus violaciones. La intervención en estos rubros impacta en el funcionamiento general de la economía nacional y el sistema jurídico mexicano, el desempeño eficiente y con transparencia de las instancias públicas responsables de la gestión ambiental, la inspección y monitoreo de la observancia de su normatividad, el comportamiento y la trayectoria ambiental de las empresas, su cumplimiento de la responsabilidad ambiental corporativa y la responsabilidad social empresarial y la participación proactiva de sectores amplios de la sociedad civil en el desarrollo de políticas ambientales e iniciativas ciudadanas de contenido ecológico. Para llevar a cabo estos cambios jurídicos e institucionales es necesario elaborar diagnósticos de carácter participativo, interdisciplinario e integral, que logren visibilizar las causas estructurales de los agravios ecológicos y la magnitud de sus impactos ambientales, en aras de la consolidación de una economía verde y actividades económicas limpias; evaluar el desempeño y viabilidad de las normas ambientales en términos de su eficacia y eficiencia para prevenir y resolver las problemáticas actuales y promover su mejora regulatoria, así como valorar el respeto de los derechos ambientales, la observancia de los estándares internacionales, la reparación integral de los daños y la no repetición de los actos que los originan, y; señalar las oportunidades de aprovechamiento de las ventajas comparativas para la elaboración de políticas orientadas a minimizar las externalidades ambientales negativas, fomentar la inversión estratégica en aras del crecimiento económico y el desarrollo social, e impulsar la incursión de México en procesos globales de gobernanza ambiental.

La política económica impulsada por el Estado mexicano, sustentada en la promoción de políticas públicas orientadas a facilitar el libre comercio global, la desregulación ambiental y laboral, así como la privatización de empresas, bienes y servicios públicos, condiciona la apertura de oportunidades de aprovechamiento e inversión dadas las ventajas comparativas que ofrece el país gracias a su riqueza natural y abundancia relativa de recursos. Se trata de oportunidades de crecimiento económico y desarrollo social que se abren en el marco de sociedades de riesgo sustentadas en unidades comunicativas y de acción altamente diferenciadas y articuladas por la contingencia y la complejidad creciente. Sin embargo, en paralelo a este proceso de liberalización económica se han ido acrecentando las problemáticas relacionadas con la contaminación del ambiente y el desgaste y escasez de recursos naturales. Este escenario es resultado de dinámicas de largo vuelo y no puede atribuirse simplemente a una variable causal, a coyunturas económicas o ciertas y determinadas actividades económicas limitadas. Más se trata de un escenario complejo que sintetiza múltiples determinaciones históricas y actuales, así como actividades públicas y privadas de todo tipo que han incidido en las formas y contenidos de la apropiación, extracción, uso y consumo de territorios y riquezas naturales. La complejidad caótica con que se nos presenta el panorama ambiental del país tiene que ver, entre otros factores, con el desdoblamiento constante de prácticas económicas inviables en términos ambientales, sostenidas a partir de políticas públicas negligentes o poco sensibles a las cuestiones ecológicas y el respeto de los derechos ambientales. La explicación del conjunto de factores que inciden en la devastación ambiental del territorio mexicano, su amplitud y alcances en términos económicos, políticos y culturales, la comprensión de los mecanismos de causación de los agravios ecológicos provocados por la actividad económica, así como el estudio crítico de sus repercusiones legales y el análisis económico de la regulación jurídica de este escenario complejo en el que se desenvuelve la gestión ambiental y se desempeñan múltiples actores sociales, requiere que el investigador supere las aproximaciones conceptuales y metodológicas de carácter fragmentario y unilateral, para favorecer el compromiso epistemológico con perspectivas críticas e integrales de análisis científico, así como el compromiso ético con la realidad social que condiciona las propias formas de pensar y organizar los saberes. Por lo anterior es que esta propuesta de investigación parte del reconocimiento fundamental de la necesidad y urgencia de realizar estudios críticos e interdisciplinarios desde perspectivas analíticas y metodológicas plurales e integrales q permitan (1) captar y hacer frente de manera positiva a la complejidad ambiental mexicana a través de la consolidación de una economía sustentable, (2) incidir en la definición de las políticas públicas vinculadas con la gestión ambiental y la prevención y resolución de conflictos socioambientales e (3) identificar las deficiencias de la normatividad vigente para introducir criterios pro personae de sustentabilidad, transparencia y participación con el propósito de mejorar la regulación jurídica de la gestión ambiental en su conjunto y colaborar en el cumplimiento de las obligaciones estatales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos ambientales de la población, además de prevenir investigar, sancionar y reparar sus violaciones. La intervención en los rubros señalados impactaría en (1) el funcionamiento general del sistema jurídico mexicano, (2) el desempeño eficiente y con transparencia de diversas instancias públicas responsables o vinculadas con la gestión ambiental, la inspección y el monitoreo de la observancia de la normatividad correspondiente, (3) el comportamiento y la trayectoria ambiental de las empresas, su cumplimiento de la responsabilidad ambiental corporativa y la responsabilidad social empresarial en general, y (4) la participación pro-activa de sectores amplios de la sociedad civil en la construcción e implementación de políticas públicas de carácter ambiental e iniciativas ciudadanas de contenido ecológico. Para llevar a cabo este proceso de cambios jurídicos e institucionales es necesario elaborar diagnósticos particulares y generales, de carácter participativo, interdisciplinario e integral, que permitan: (1) visibilizar las causas estructurales que condicionan la aparición de múltiples agravios ecológicos a lo largo del territorio nacional, así como la magnitud de sus impactos ambientales en términos económicos, políticos y culturales, además de contribuir en la consolidación de una economía verde y el fomento de actividades económicas limpias; (2) evaluar el desempeño y viabilidad de las normas ambientales en términos de su eficacia y eficiencia para prevenir, corregir, solventar y resolver las problemáticas actuales y promover su mejora regulatoria, así como valorar el respeto de los derechos ambientales, el acceso a la justicia ambiental, la observancia de los estándares internacionales, la reparación integral de los daños y la no repetición de los actos que los originan, y; (3) señalar las oportunidades de aprovechamiento de las ventajas comparativas del país para el desarrollo de políticas públicas orientadas a minimizar las externalidades ambientales negativas, fomentar la inversión estratégica en aras del crecimiento económico y el desarrollo social, e impulsar la incursión de México en procesos de globales de gobernanza ambiental. Finalmente, para la implementación y uso de la información generada durante la investigación y sus resultados será necesario tener claros dos vías insoslayables: 1) la incidencia sobre los actores sociales que puedan estructurar soluciones viables a la complejidad socio-ambiental nacional; y 2) las formas en que todas las acciones y resultados se difundirán.