Planteamos que el derecho se ha convertido cada vez más en un campo social en disputa entre actores sociales con profunda asimetría de poder. Por un lado, están los organismos internacionales económicos y comerciales así como empresas transnacionales que buscan imponer contenidos e influir en decisiones respecto a los marcos jurídicos y las distintas sedes del poder público. Por otro, los pueblos, comunidades, colectivos y una multiplicidad de grupos sociales están resistiendo y defendiendo su derecho a no ser despojados de su trabajo, su territorio y sus recursos naturales, por mencionar algunos derechos. En esta disputa desigual, el Estado como representante del interés general se ha desdibujado permitiendo la regresión y afectación al ejercicio pleno de derechos. En ese sentido, este proyecto se propone aportar a nivel teórico, un análisis crítico de la participación de organismos económicos internacionales y empresas transnacionales en la constitución actual del Derecho. A nivel práctico, permitirá elaborar una radiografía mínima de los más importantes conflictos socio-jurídicos que ha generado el modelo de desarrollo económico actual impulsado por los mencionados organismos económicos internacionales, empresas transnacionales y gobiernos nacionales, con el objetivo de verificar las implicaciones que ha tenido para el ejercicio de los derechos, de manera particular, en México.

Esta investigación contribuirá a considerar nuevos elementos para la teoría jurídica desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, que de cuenta de los problemas actuales que atraviesa el Derecho y las disputas que hay detrás de la conformación de sus contenidos y de las decisiones de sus operadores jurídicos. En particular, aportará un análisis crítico de la participación de organismos económicos internacionales y empresas transnacionales en la constitución actual del Derecho. A nivel práctico, permitirá elaborar una radiografía mínima de los más importantes conflictos socio-jurídicos que ha generado el modelo de desarrollo económico actual impulsado por los mencionados organismos económicos internacionales, empresas transnacionales y gobiernos nacionales, con el objetivo de verificar las implicaciones que ha tenido para el ejercicio de los derechos, de manera particular, en México.