Síntesis del Proyecto_x000D_ A partir de mediados de la década de los 80, el gobierno mexicano -atendiendo las recomendaciones de organismos financieros internacionales- decidió dar un giro a su política económica y comenzó a abrir las fronteras del país a capitales internacionales, a firmar acuerdos de libre comercio y a modificar un conjunto amplio de normas (constitucionales y secundarias) para incentivar el movimiento de los mercados y el aterrizaje de inversiones extranjeras directas. Todo ello se ha traducido en el aumento de proyectos de inversión e infraestructura que paulatinamente han ido aumentando la presión sobre los espacios territoriales donde habitan tradicionalmente pueblos originarios y comunidades campesinas._x000D_ Es importante destacar que la mayor parte de estos proyectos se asientan o atraviesan las tierras y territorios de los pueblos originarios o de las comunidades campesinas afectando de forma grave sus formas de desarrollo, el medio ambiente en el que se desenvuelven, destruyendo la cohesión social de las comunidades y provocando violaciones graves a los derechos fundamentales. De igual forma, cabe subrayar que la mayoría de estos proyectos se diseñan y ponen en marcha sin informar a los posibles afectados y sin tomar en cuenta la estrecha relación que éstos tienen con sus territorios (no sólo desde el punto de vista material y económico, sino también cultural y ambiental)._x000D_ Esta grave situación, que se reproduce bajo patrones estatales de comportamiento, implica la violación de múltiples derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en diversos Tratados Internacionales de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano._x000D_ Frente a este aumento progresivo de la violencia social e institucional es urgente fortalecer el paradigma de los derechos como instrumento para la negociación de los intereses en conflicto y la solución de las problemáticas que hoy enfrentan a los pueblos y comunidades con el modelo de desarrollo que se les impone. En este contexto, el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado son instrumentos clave cuyo objetivo central es abrir un diálogo significativo entre las partes, a través del cual sea posible encontrar soluciones consensuadas y participativas en el marco de una democracia constitucional._x000D_ Sin embargo en México existe una inmensa laguna del conocimiento que no ayuda en nada al fortalecimiento del derecho. Contamos con un desarrollo teórico relativo al contenido esencial mínimo de este derecho muy escaso, así como de las obligaciones que se desprenden del mismo hacia las partes involucradas (especialmente las autoridades y las empresas). La falta de profundización en la materia se traduce en una falta de claridad y acuerdos sobre el alcance del derecho, su configuración colectiva, los posibles actores involucrados (pueblos, comunidades, empresas, autoridades estatales) los mecanismos pertinentes para llevarla a cabo (asambleas, congresos, representantes), los tiempos convenientes, los posibles resultados (vinculantes, veto), etc. Frente a este panorama, consideramos que es urgente desarrollar un proyecto de investigación que aborde todas estas preocupaciones, con el objetivo de avanzar en la discusión sobre la materia y aportar elementos que colaboren a clarificar el alcance y la utilidad del derecho en el contexto político actual; sobre todo, si se toma en cuenta que ya han comenzado a aparecer algunas iniciativas legislativas, que pretenden regular el derecho a la consulta, sin tener la claridad sobre lo que ello supone y, por tanto, desconociendo la mejor manera de lograr su desarrollo legislativo._x000D_

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO_x000D_ México se ubica entre los primeros cinco lugares en el mundo en diversidad lingüístico-cultural, nada menos que con 62 grupos étnicos. El porcentaje nacional de la población hablante de lenguas indígenas llegaba a 6.7 en el año 2005. Vinculado de forma estrecha con la diversidad cultural (en tanto que es en muchos de los territorios indígenas donde se mantiene los bosques y las selvas), nuestro país ocupa el segundo lugar en megadiversidad, pues contamos con cerca del 12% de las especies animales y vegetales conocidas en el mundo, resultado de una gran diversidad de ecosistemas. _x000D_ _x000D_ En este contexto, tenemos que en México, el avance de un modelo de desarrollo dominante -que se materializa, entre muchas otras formas, en grandes proyectos de inversión e infraestructura- está afectando de forma grave culturas y medio ambiente. Debido a las características históricas del sistema jurídico-político, dichos proyectos suelen imponerse en las tierras y territorios de los pueblos originarios sin tomar en cuenta la opinión de éstos, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones se afecta de forma grave el entrono en el que se desarrollan así como la cohesión social que existe al interior de las comunidades, amenazando sus formas de vida e incluso su supervivencia como Pueblos. Estos últimos no cuentan, dentro del sistema jurídico mexicano, con los mecanismos adecuados (creados a partir de los derechos) que les permitan conocer y discutir dichos proyectos, los impactos que pueden producir, los actores que los impulsan, incluso los posibles beneficios que pueden derivar de los mismos. Ello también impide que los pueblos y comunidades encuentren el momento adecuado para posicionar en el debate público -y frente a los actores que impulsan las obras- sus intereses, necesidades, preocupaciones y propuestas. Esta imposición, se traduce en una nueva forma de exclusión que da como resultado un aumento de la marginalidad de comunidades y pueblos históricamente discriminados. Sobre las condiciones ya desfavorables de vida -que implican la violación de derechos económicos, sociales y culturales- los proyectos no consultados suponen una nueva vulneración de los derechos que en muchas ocasiones, debido a la puesta en marcha de estrategias defensivas, se traducen al final de un encadenamiento muy destructivo para las comunidades en la violación de derechos civiles y políticos derivados de los actos represivos de las autoridades. En este contexto, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado pueden ser entendidos como la llave de entrada a la protección de todos los derechos fundamentales y al equilibrio entre las partes para la discusión sobre los proyectos. Cuando los gobiernos y las empresas adquieren la obligación de otorgar información a las comunidades sobre las obras que planean poner en marcha, así como la de abrir un diálogo significativo y de buena fe con los posibles afectados, la correlación de fuerzas entre los involucrados se modifica y el ejercicio de los derechos puede ser emprendido con mayor eficacia para que los habitantes de los pueblos y comunidades no sigan siendo desalojados de sus tierras y territorios de forma forzosa, despojados de sus recursos naturales y, finalmente, perseguidos y amenazados cuando intentan evitarlo._x000D_ _x000D_ Este proyecto de investigación tiene como su objetivo principal contribuir en la profundización del debate del derecho a la consulta para identificar con toda precisión el contenido esencial mínimo del mismo, así como las obligaciones que derivan del mismo hacia el Estado. Lo anterior a partir del análisis de los estándares internacionales en la materia y del derecho interno. También se habrá de reflexionar sobre las garantías, existentes o inexistentes, que les permitan a los pueblos y comunidades ejercer en los hechos el derecho en cuestión. _x000D_ _x000D_ Lo anterior es indispensable para que los pueblos y comunidades puedan fortalecer su posición frente a un modelo de desarrollo que se les impone y tiene consecuencias destructivas sobre sus formas de vida y sus territorios. Desde este punto de vista, puede decirse que el proyecto pretende contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa y más incluyente que reduzca los márgenes de opresión y marginación histórica que ciertos grupos humanos ejercen sobre otros._x000D_