En el proyecto que aquí presentamos pretendemos indagar la crisis de las instituciones políticas en México. El problema radica en explicar porque un sistema político que es formalmente democrático, puede ponerse en entredicho con facilidad cuando vemos que lo que predomina es la disputa por el poder y la ambición por el dinero (economía y política). Recurrimos al análisis de dos hechos recientes para ilustrar nuestra tesis: el proceso de desafuero del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y el controvertido proceso electoral del 2006. En lo referente a la discusión teórica, el problema central gira en torno a la diferenciación discursiva entre la política y la democracia. Siguiendo la definición de Foucault, entendemos por discurso no sólo lo que se dice, sino sobre todo lo que se hace. “El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio del cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”. La tesis que sostenemos en este proyecto no es nueva, sin embargo, se actualiza y adquiere relevancia en la confrontación con la realidad mexicana: la racionalidad que sostiene al discurso de la democracia es antagónico a la racionalidad que da sentido a la política. Mientras el fundamento central de la política, por los menos desde la perspectiva de la realpolitik, es de carácter instrumental, la racionalidad democrática apela a valores. Así pues, pareciera que la democracia se encuentra entrampada en una paradoja: por un lado, se dice que la democracia tiene un lazo indisoluble con la política, pues es ésta el espacio que encuentra aquella para expresarse de manera sensible; por otro lado, tenemos que la democracia se constituye a partir de una racionalidad valorativa que a todas luces resulta contraria, o cuando menos diferente, de la racionalidad que da origen a la política. La política tiene que ver fundamentalmente con la disputa por el poder. En términos sociológicos, el poder debe ser entendido como la capacidad de establecer reglas y manejar recursos en una sociedad determinada. Retomando a Weber, diremos que una persona que busca el poder requiere de una racionalidad instrumental. Aún cuando Weber sostiene que los políticos persiguen fines altruistas o egoístas, y a pesar de que Marx afirma que esta búsqueda está determinada por intereses de clase, lo cierto es que por debajo de esta disputa se encuentra necesariamente el problema de la dominación, un problema que responde a complejas conformaciones ideológicas. El problema entonces es la forma en que se constituyen los sujetos, especialmente cuando estos son agentes que inciden la realidad social ¿Por qué piensan lo que piensan? y ¿por qué actúan como actúan? La sociología ha demostrado que este proceso de constitución del agente no es simplemente una reacción mecánica a algún tipo de determinación natural, sino que es un proceso social. Pero tampoco se trata de aceptar explicaciones monocausales que solo nos llevan a determinismos de índole económica, política, religiosa o de cualquier otra tipo. Es decir, no se trata tampoco de un mero reflejo de nuestro estar en el mundo, de nuestro origen, sino que estamos frente a un proceso mucho más complejo de conformación de lo social. En ese sentido, sostendremos que los sujetos dedicados a hacer política, independientemente del lugar que ocupan en el mundo social, reproducen los patrones de conducta de la política, es decir, aprenden rápidamente el oficio de dominar. Esto es aplicable para los políticos de izquierda y para los de derecha; para obreros y empresarios; para estudiantes y maestros, solo por poner algunos ejemplos. Dejando de lado los fines que persiguen aquellos que buscan el poder, podemos afirmar que existe una estructura básica, si se quiere sistémica, que se acopla a quienes hacen de la política su existencia misma. Cuando un político apela genuinamente a principios como el de la ética, la honestidad, la justicia, la verdad, está alejándose de este sistema, y corre el riesgo de ser excluido mediante mecanismos que el propio sistema desarrolla para protegerse frente a las intrusiones discursivas de otros sistemas. Sin embargo, en las sociedades modernas, la democracia es el procedimiento mediante el cual se procesan las diferencias políticas, que no son más que diferencias ideológicas o de intereses, no exclusivamente económicos. En la medida en que busca que la disputa por el poder se dé en términos argumentativos, la democracia tiene un fundamento dialógico. Esto abre la posibilidad de establecer una racionalidad distinta a la de la realpolitik: pasar de una acción orientada al éxito, en la que el fin justifica los medios, a una acción orientada al entendimiento, en la que solo hay algunos medios legítimos para alcanzar los fines. En esta lógica, los valores y principios si tienen cabida. Esto necesariamente tiene como antecedente supuestos que la sociología ha planteado. Por un lado la capacidad reflexiva del actor, por el otro su potencialidad para adoptar elecciones racionales. Esta combinación teórica nos permite discutir la potencialidad de la democracia en una sociedad de ciudadanos. En este proyecto partimos del supuesto de que los ciudadanos, como afirma Giddens, son “teóricos sociales prácticos”, sujetos capaces de operar en la esfera de la democracia y la política. Desde esta perspectiva, todo individuo cuenta con un stock de información, más o menos compleja, y es capaz de utilizarla para realizar cálculos a largo plazo. Esta respuesta sociológica se antepone a otras visiones que consideran que la mayoría de los individuos en una sociedad son alienados, es decir, incapaces de tomar decisiones en función de sus propios intereses. Esta visión, por supuesto, alimenta la idea de que, ante una sociedad integrada por sujetos incapaces, lo que se requiere es un ejercicio político autoritario. Además de sujetos competentes, el tránsito hacia una racionalidad orientada al entendimiento requeriría de instituciones que hubiesen sido conformadas en el discurso de la democracia. La pregunta es ¿cómo conformar instituciones democráticas en un sistema que opera fundamentalmente en función de una racionalidad instrumental? En México nos enfrentamos a un grave problema, ni los políticos, ni las instituciones académicas han generado una reflexión acerca de la posibilidad de que el discurso democrático que produce la sociedad sea en realidad una moneda falsa, muy bien hecha, parecida a una democracia verdadera, pero finalmente falsa. Nos cuesta trabajo aceptar que la mayoría de los habitantes no hemos desarrollado nuestra capacidad de agencia ciudadana. Por otra parte, ya hemos señalado que los integrantes de la clase política se ven empujados a operar a través de la lógica del poder y no a partir de la lógica democrática. Esto nos permite sostener que en nuestro país se está llegando a un tipo de democracia sin ciudadanos, sin demócratas y sin instituciones democráticas. En todas las esferas lo que impera es la razón instrumental de la realpolitik. En este punto entran en juego, de manera determinante, las normas jurídicas. En la medida que la democracia no puede verse únicamente como un problema de cultura política, puesto que sería tanto como esperar la llegada de los nuevos ciudadanos, de la nueva clase política y de las nuevas instituciones democráticas, es necesario hacer de la democracia un ejercicio de disputa de poder en el único espacio donde es posible hacerlo, en el orden jurídico. Las normas jurídicas son el establecimiento de un “deber ser” que establece los derechos y las obligaciones de los “ciudadanos imaginarios”. Las normas jurídicas y la capacidad del Poder Judicial para que sean efectivas se convierten en la única posibilidad de consolidación de un régimen democrático en nuestro país. Sin embargo, una vez descrito, el problema se vuelve más complejo. Una de las preocupaciones que guiaron nuestro trabajo de investigación en los últimos años es el análisis de las condiciones de posibilidad de un Poder Judicial autónomo, una institución capaz de actuar de

Desde el primer proyecto hemos planteado la necesidad de recuperar la riqueza teórica y metodológica de la Sociología Jurídica para aplicarla al estudio de la sociedad mexicana contemporánea. La teoría sociológica nos permite entender el derecho como una acción social mediada por agentes, instituciones y contextos políticos y no como la aplicación dogmática de una serie de normas. Visto desde la perspectiva sociológica, el derecho se configura dualmente como un campo de posibilidades y como una estructura de constreñimiento. Así, el derecho constituye un marco de sentido en el desarrollo de la acción de los individuos, quienes, al vivir en sociedad y constituirse como ciudadanos, se ven obligados con sus ordenamientos y posibilitados en sus derechos y garantías. Una de las principales preocupaciones de nuestro proyecto es, sin duda, el problema de la eficacia del derecho que tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente, es decir, con los efectos del derecho, en tanto sistema social que posibilita y constriñe el accionar del individuo, o en otras palabras, el grado y la forma en que el sistema normativo es introyectado y respetado por los individuos, y la manera en que la sociedad responde ante quienes pasan por alto los señalamientos del sistema normativo vigente. Al ser abordado por la sociología jurídica, el problema de la eficacia del derecho nos remite necesariamente a dos de los elementos del proceso de reproducción social: el aspecto normativo (decisión) y el aspecto prágmatico (acción). Sin embargo, a lo largo de los años, este proyecto no solo se ha ocupado del problema de la eficacia, también hemos analizado el problema de la justicia, que tiene que ver con la adecuación de los sistemas normativos institucionalizados con los principios morales o valores sociales que en un primer momento les dieron origen. Este problema de la justicia, que usualmente es abordado desde la filosofía del derecho, y que preocupa particularmente a los autores iusnaturalistas, ha estado presente desde los inicios de la sociología. Desde una postura fundamentalmente antiformalista, en los últimos años este proyecto ha analizado el accionar de los principales actores u operadores de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Desde la perspectiva sociológica, los jueces y magistrados no son un mero enganche entre el mundo del derecho y el mundo de la realidad, su labor va mucho más alla de la simple y llana aplicación de la ley; jueces y magistrados son considerados como actores sociales que con sus sentencias llevan a cabo complejos actos de interpretación a partir de un cúmulo de conocimientos y experiencias personales que se conjugan con los conocimientos de carácter técnico jurídico. Con investigación teórica y empírica, creemos haber contribuido en el desarrollo de un campo sociológico poco explorado y reconocido en nuestro país. Este proyecto contribuye con su esfuerzo por entender el sistema jurídico como un complejo fenómeno social que afecta el desarrollo del país y la vida de millones de ciudadanos.