El fin de la existencia del sistema unipartidista en México generó expectativas en torno al inicio de una nueva etapa en la que se compartieran más ampliamente los beneficios de las políticas gubernamentales y el desarrollo económico. Sin embargo, estos cambios aún no son una realidad. ¿Por qué no se han dado todavía? La percepción sobre la posible causa se concentra en que el ritmo de las necesitadas reformas económicas perdió velocidad con el nuevo arreglo político. A medida que México ha cambiado de un régimen de partido único a un sistema caracterizado por elecciones competitivas, los ciudadanos han asumido un papel más activo en la toma de decisiones acerca del futuro de la sociedad. El largo periodo de dominio de un partido hegemónico –caracterizado por altos niveles de concentración del poder político y por los poderes metaconstitucionales del presidente, han sido reemplazados por instituciones democráticas basadas en la división y descentralización de poderes y en mayores controles y contrapesos. En este sentido las elecciones federales del 2006 para elegir Presidente de la República y la composición en el Congreso de la Unión dieron como resultado una nueva etapa del pluralismo político, así como una nueva fórmula política que consiste en la delegación de autoridades jurisdiccionales. La competencia política en todos los niveles de gobierno ha resultado en el cambio del partido en el poder y en un mayor acceso a la información gubernamental, aunque el grado de avance varía entre el ámbito federal y el local. La creciente importancia en las elecciones ha llevado a un cambio de dirección de las políticas públicas en algunos sectores. El gasto público se ha inclinado más a favorecer a los pobres y a la cobertura de los servicios sociales básicos, como los servicios de salud y educación. Al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón la agenda de reformas pendientes seguía siendo larga, y la calidad, equidad y eficacia de esos servicios, incluida la seguridad pública se planteó como un desafío para el país. Al respecto, organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) ha señalado las distorsiones existentes en políticas públicas que persisten debido a la influencia excesiva de grupos de interés, como son algunos sindicatos de trabajadores del sector público y algunas élites económicas que “median y muchas veces capturan la relación entre los líderes políticos y los ciudadanos”, situación que afecta el suministro de bienes y servicios Estos grupos han ocupado posiciones enraizadas gracias a décadas de acceso privilegiado al poder, a pesar de que no siempre representan los intereses de la mayoría en sus propios sectores. Grupos privilegiados que desde el régimen anterior siguen aprovechando sus posiciones y capacidades organizativas para impedir la aprobación de reformas que amenacen sus privilegios. Así, el poder económico se traduce en influencia política, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político. Ante los intereses particulares que debilitan del proceso democrático en México y que muchas veces socavan la calidad de las políticas públicas se requiere la intervención del Estado para hacer más equitativos los sistemas de salud, la educación pública, la eficiencia de la regulación económica. Estos son sin duda los grandes retos de la gobernabilidad en México. Por ello, es necesario plantear como premisa central, que la eficacia del Estado mexicano depende de la capacidad del gobierno para lograr la aprobación de las reformas estructurales pendientes. Una de estas debilidades institucionales se encuentra en las dificultades del poder ejecutivo para alcanzar consensos y establecer una coalición legislativa en el Congreso para que se aprueben sus propuestas de reforma. Ahora bien, la evidencia empírica sobre si la responsabilidad principal de la lentitud de las reformas estructurales se puede atribuir a una característica particular de la configuración institucional vigente, es decir, a un gobierno dividido, es mixta. La información sobre la “productividad legislativa”, muestra evidencias de una desaceleración en las reformas constitucionales que se requieren para llevar a cabo algunas de las reformas pendientes (como la reforma integral del sector petrolero), sin embargo también muestra que el número de leyes federales aprobadas ( ya sea por primera vez o como revisiones de las existentes), aumentó durante el periodo del gobierno dividido, debido a la mayor actividad legislativa de los partidos políticos. Si el mismo arreglo institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo puede generar una frecuencia alta de reformas legislativas, resulta poco probable que la parálisis de las reformas constitucionales se pueda atribuir a un gobierno dividido. Más aún, la dificultad para aprobar las reformas parecía limitarse a ciertos cotos de política donde los intereses creados son especialmente poderosos. Los intereses creados han obstaculizado las reformas desde el 2000, puesto éstos y la polarización política actúan como factores que contrarrestan el impacto de las elecciones competitivas y limitan los incentivos de los partidos políticos para buscar votos sobre la base de su reputación programática. Una situación distinta se presentó en el inicio del sexenio de Felipe Calderón en relación al inicio del de Vicente Fox. Ante los cuestionamientos de los empresarios sobre la improductividad de la Cámara de Diputados, los coordinadores del PRI, PAN y PRD se comprometieron a aprobar las reformas estructurales y aseguraron que un punto clave era poner fin a enfrentamientos entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Este “optimismo” de aprobar una serie de reformas que no pudieron alcanzar el consenso en otras legislaturas, manifestado por los diputados, se reforzó en la aprobación del paquete económico 2007, lo que fue visto como un buen principio para mayores acuerdos a pesar de que la agenda de los partidos era amplia y complicada. Para el segundo periodo de sesiones del 2007 el gobierno preveía que los partidos políticos en el Congreso de la Unión se centrarían en 9 temas, entre otros, las reformas fiscal y electoral, y a poco más de dos meses de haber tomado posesión, el Presidente Felipe Calderón con cautela y sin presionar al Congreso, pidió a los fuerzas políticas “no reeditar los errores que han impedido las reformas que consoliden la democracia mexicana”. Su propuesta se centró en “poner al día las leyes y las instituciones”, aunque no se refirió de “reformas estructurales”, resumió su convocatoria en los siguientes términos: “renovar la Constitución, desde la Constitución”. En este contexto, organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, llamaron a acuerdos para concretar dichas reformas. Cabe destacar que las organizaciones empresariales de México insistieron y presionaron de diversas maneras para que el Congreso sacara las reformas. Los empresarios iniciaron directamente el diálogo con las fuerzas políticas, enfatizando la importancia de la aprobación de las reformas e hicieron votos para que concluyeran pronto los procesos legislativos. En este sentido estos “cambios estructurales” deben ser objeto de un profundo análisis, puesto que México sigue inmerso en un cambio político y la magnitud de las consecuencias económicas, sociales y políticas que dichos cambios acarrearán debe ser estudiada en función de la consolidación democrática que requiere. Los hallazgos de este análisis deben ser difundidos tanto en la academia como en la sociedad. Como resultado de la ruta seguida en la transición o en el cambio político en México, las leyes e instituciones que regulan la democracia mexicana son en gran medida una herencia del pasado. Se trata de leyes e instituciones que, en algunos casos, resultaron de acuerdos que el partido en el poder negoció desde una posición de ventaja y, en otros, que sobrevivieron por simple inercia o costumbre. Las leyes e instituciones electorales son el producto de sucesivos experimentos para acomodar en el sistema político las demandas de la oposición, así como para r

En este proceso que es parecido al que experimenta México, se puede afirmar que los gobernantes y las políticas de la transición han desempeñado un papel provisional, especialmente porque la principal "política pública" en este periodo es la política institucional y de reforma; es decir la sustitución del régimen anterior. Por tanto, las expectativas de estabilizar los gobiernos y las políticas públicas dependen, en gran medida, del resultado institucional del proceso de cambio de régimen. Ahora bien, una vez establecida la democracia caben diversos grados de estabilidad de las políticas públicas y de equidad de las reglas que definen el diseño institucional, mediante la alternancia de diferentes partidos en el gobierno, que implica la división de poderes, el pluralismo, a veces producto del conflicto, a veces producto del consenso mediante coaliciones de gobierno más o menos estables. Si observamos las relaciones que se establecen entre las fuerzas políticas en la transición, que buscan establecer las vías de cambio y el tipo de régimen más adecuado, se observa una variedad de resultados institucionales, lo cual no significa necesariamente que la democracia no pueda considerarse "consolidada", puesto que como lo señalan los estudiosos si la "consolidación" de la democracia se relaciona con la "calidad" de sus resultados; es decir, con su capacidad de producir decisiones de reforma, leyes, políticas públicas y actos administrativos y jurisdiccionales eficientes y satisfactorios para amplios sectores de la ciudadanía, es evidente que los diferentes esquemas institucionales y sistemas de partidos introducen distintos sesgos ideológicos, lo cual puede producir diversos grados de ineficiencia colectiva en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, puede decirse que un régimen democrático nunca esta "consolidado", pues siempre existirán sectores de ciudadanos más o menos significativos que pueden desear y apoyar nuevas propuestas de reforma del régimen, puesto que "mejorar la 'calidad' de los resultados de la democracia es, en este sentido, una tarea que nunca termina" (Colomer, op. cit.) En suma, los resultados y hallazgos de este proyecto pretenden contribuir a explicar, por una parte, las condiciones estructurales de la democracia en México durante esta etapa de cambio político, y por otra, las acciones, preferencias, estrategias, y decisiones de los actores políticos.